Corrupción en ANDA, Cosa del pasado

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La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es una institución autónoma del Estado, responsable de garantizar los procesos de potabilización de agua a nivel nacional.

ANDA a lo largo de su historia, ha sido administrada por algunos titulares que de una u otra manera han sido vinculados o procesados penalmente por actos de corrupción, entre ellos:

CARLOS AUGUSTO PERLA PARADA, fue presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) desde 1994 hasta el 2002. En 1994, el entonces presidente de la República, Armando Calderón Sol, lo nombró presidente de la ANDA y posteriormente Francisco Flores, lo ratificó en el cargo.

Perla Parada y cuatro de sus gerentes cobraban sobornos a los contratistas: las empresas debían pagar un 10 por ciento del monto de cada proyecto para que los burócratas les facilitaran las adjudicaciones. Perla Parada movió el dinero sucio hacia Panamá, Suiza y Francia. En el 2007, un tribunal lo condenó a 15 años de prisión.

JOSÉ MARIO ORELLANA ANDRADE, gerente general de ANDA (1995-2002), recibía sobornos a cambio de facilitar la adjudicación de proyectos en la estatal de aguas. El dinero de la corrupción lo invirtió en la compra de inmuebles y lo movió a través de empresas en El Salvador y Panamá. Durante un tiempo fue testigo y ahora es prófugo por el delito de lavado de dinero.

CESAR DANIEL FUNES DURAN, extitular de ANDA, es señalado de haber contribuido al desvío de $246 millones de la Cuenta Institucional del Tesoro de la Presidencia en la administración del expresidente Elías Antonio Saca.

SIGFRIDO OCHOA GÓMEZ, expresidente de ANDA; luego de dejar dicha autónoma, paso a fungir como Viceministro de Obras Públicas, fue procesado por supuestas irregularidades en la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín, hoy Boulevard Monseñor Romero. Ochoa Gómez es hijo del Coronel retirado y exdiputado de Arena Sigfrido Ochoa Pérez.

Los últimos ex titulares de ANDA y el actual, nunca han sido vinculados o procesados penalmente por actos de corrupción u otros delitos, lo que refleja su honradez notoria que debe tener todo servidor público.

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