Monseñor Romero llegará a los altares antes de que sus sicarios a la Justicia

Monseñor Romero llegará a los altares antes de que sus sicarios a la Justicia

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Casi 40 años después de su asesinato, el sacerdote católico más venerado de El Salvador será canonizado el próximo domingo por el papa Francisco en el Vaticano.

Sin embargo, el largo y accidentado proceso para superar las pruebas, testimonios, campañas, barreras y negociaciones de la Congregación para la Causa de los Santos ha terminado primero que otro por el que se comenzó a abogar antes: que los responsables de su muerte sean juzgados.

El pasado miércoles, mientras cientos de salvadoreños tomaban aviones hacia Roma para participar en la ceremonia, que se espera que abarrote la Plaza de San Pedro, otro numeroso grupo de personas tomó las calles de la capital con gritos de justicia y pancartas.

Marcharon ante un tribunal de Justicia para pedir que se agilice el proceso de investigación sobre el crimen, del que nada se sabe pese a que la causa fue reabierta hace más de un año.

“Monseñor Romero encabeza la lista de las víctimas de la impunidad en este país y es una vergüenza que le hagan santo y todavía aquí no le hagan justicia”, asegura a BBC Mundo José Lazo, coordinador de Probúsqueda, una ONG que busca desaparecidos de la Guerra Civil (1980 y 1992).

“El hecho de que todavía no se hayan sentenciado a los responsables de su muerte y que no se esté haciendo prácticamente nada para encausarlos es un símbolo de cómo la justicia no ha llegado para los que sufrieron en carne propia el conflicto armado”, considera.

En el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno de El Salvador por la falta de acciones para esclarecer el asesinato del obispo y por no garantizar la reparación de las víctimas de la guerra a través de un proceso judicial adecuado.

Pero casi dos décadas después, un oscuro letargo envuelve el mecanismo legal para identificar los autores de la muerte del arzobispo.

El 24 de marzo de 1980, a las 6:30 de la tarde, un estruendo sacudió la pequeña capilla del hospital para cancerosos de la Divina Providencia, en San Salvador.

Un francotirador había disparado desde un auto contra monseñor Romero mientras celebraba la misa.

Un día antes, durante una homilía en la Catedral de San Salvador, el líder de la Iglesia católica de El Salvador había llamado a los militares a desobedecer las órdenes de reprimir y matar “al pueblo”.

Fue su sentencia de muerte.

Las mentes y las manos detrás del crimen fueron por años un misterio.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en 1993 (creada por los Acuerdos del proceso de Paz que puso fin a la guerra civil en El Salvador) responsabilizó a los escuadrones de la muerte que dirigía el capitán, ya fallecido, Roberto D´Aubuisson (murió en 1992, de cáncer en la lengua), líder de la inteligencia política y fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernaría el país durante dos décadas.

Señalaban a otros militares: los capitanes Alberto Saravia y Eduardo Ávila, así como a Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.

Pero una ley de amnistía de 1993 impidió entonces cualquier proceso en su contra.

23 años después, la ley fue declarada inconstitucional y derogada.

A inicios de 2004, luego de muchos esfuerzos, idas y venidas, parecía que por primera vez se haría un poco de justicia.

En aquel entonces, organizaciones civiles y familiares de Romero contaron con la ayuda de una asociación de abogados de San Francisco.

Habían descubierto que en Modesto, California, vivía Alberto Saravia uno de los presuntos responsables del asesinato.

El excapitán Saravia fue finalmente condenado en septiembre de 2004 por un tribunal civil de Fresno a pagar US$10 millones a los familiares del obispo.

Saravia se dio a la fuga y sigue oculto. Ya en la clandestinidad concedió una entrevista a Carlos Dada, del periódico digital El Faro, en la que aceptaba su participación en el complot para dar muerte a monseñor Romero.

Sigue siendo la única persona condenada en alguna instancia judicial por el crimen.

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